Los funcionarios culpan a Yolanda Díaz del caos en el servicio de empleo y piden su dimisión

Los funcionarios se han cansado de la situación de caos que atraviesa la Administración. Centran sus críticas en el desastre organizativo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y culpan personalmente a Yolanda Díaz de haber dejado vendidos a los funcionarios en plena saturación de trabajo por el Covid.
El pasado martes, 23 de noviembre, el sindicato CSIF mantuvo una reunión con la Dirección General del SEPE con el fin de analizar la situación del Organismo. En el transcurso del encuentro, el sindicato reclamó información sobre las medidas que los responsables de este organismo llevan adoptando desde que se finalizó la negociación del Plan de Avance y Transformación hace ya más de un año.

El CSIF recordó que el pasado día 27 de septiembre las tres centrales sindicales mayoritarias en el organismo remitieron un escrito a la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, para poner en su conocimiento diversas cuestiones relacionadas con la situación del SEPE y la falta de recursos y efectivos humanos tras haber pasado las fases más duras del Covid Es más, este sindicato recordó que ya planteó al propio director general con anterioridad y de manera reiterada en las distintas reuniones celebradas la misma cuestión. El CSIF volvió a reclamar “soluciones inmediatas a la gravísima carencia de efectivos y la implementación de recursos tecnológicos que permitan una mayor agilidad para gestionar dichas cargas de trabajo y, por ende, evitar un mayor deterioro del que ya se ha producido y que se evidencia a diario”.

El sindicato denunció las “altísimas cargas de trabajo que se siguen manteniendo en el organismo como consecuencia de la crisis económica originada por la pandemia. Cargas de trabajo que, lejos de decrecer se mantienen, ya que la contratación fija/indefinida sigue mostrando una debilidad manifiesta frente a la contratación temporal. Esta importante circunstancia obliga a una altísima rotación del mercado laboral, con el consiguiente paso de cientos de miles de trabajadores por las oficinas del SEPE para la reanudación de prestaciones, altas iniciales o subsidios por haber cotizado menos de un año, además de las solicitudes de subsidios por cargas familiares al haber terminado la prestación contributiva y no obtener un empleo”.

Al incrementarse las solicitudes de todo tipo de protección por desempleo, también se intensifica hasta unos “límites inadmisibles la demora en la obtención de cita previa presencial”. Los funcionarios denuncian que ese atasco se ha traducido en un retraso en el reconocimiento y abono de las prestaciones, con el consiguiente malestar que se produce entre los usuarios, «que descargan su evidente malestar contra los trabajadores del organismo, además de la presión añadida que supone el atender a las personas desempleadas en un intervalo de tiempo cada día menor”, añaden desde el sindicato.

«Intensas cargas de trabajo»

El CSIF asegura que “tras un periodo de dieciocho meses tremendamente intenso con unas cargas de trabajo nunca vistas anteriormente y gestionadas por una plantilla verdaderamente exigua, se constata el evidente agotamiento de la plantilla, a todas luces sobresaturada y sobrepresionada. Y tras más de un año que culminamos la negociación del denominado Plan de Avance y Transformación del SEPE, en el que los responsables de la organización se ha centrado exclusivamente en el impulso a la innovación tecnológica -todavía escaso en nuestra opinión-, además de todo tipo de cuestiones relacionadas con el empleo, que aún compartiendo por esta parte la importancia que puedan tener a medio y largo plazo para la empleabilidad de los desempleados, poco o nada tienen que ver con el verdadero problema que asola al SEPE, que no es otro que la descapitalización de sus recursos humanos y las medidas que se habían comprometido para paliar esta problemática”.

Los datos de CSIF son rotundos: “Se han perdido 3.500 efectivos en los últimos diez años, además de los 1.500 funcionarios interinos incorporados como consecuencia del Covid”.

En medio de todo ello, y en las reuniones con el ministerio, los responsables de Yolanda Díaz lo que han anunciado ha sido la incorporación de 250 funcionarios interinos como gran logro para reforzar la plantilla, encontrándose la gestión y reconocimiento de las prestaciones por desempleo en una situación extremadamente delicada en el conjunto de las provincias, y especialmente grave en un sensible número de ellas que, además, coincide con que son las que han tenido más carga de trabajo -si cabe- a lo largo de la Pandemia (Madrid, Barcelona, Navarra, Málaga, La Rioja, Alicante, Canarias y Baleares)».

Los funcionarios creen que “intentar de nuevo parchear la grave situación en la que nos encontramos con una incorporación de efectivos dramáticamente ridícula y sin ninguna experiencia en la gestión de las prestaciones (se repite, como el caso de los interinos de Covid la incorporación de personal eventual sin experiencia) evidencia la escasa importancia que se otorga a la situación de los desempleados que precisan de una agilidad en la obtención de su cita y en el trámite de su prestación, además del escaso peso específico que tiene un Organismo como éste para el Gobierno de la nación”.

Por todo ello, desde CSIF culpan a una “ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, (sin olvidar que también es vicepresidenta del Gobierno de España) absolutamente ajena a la problemática del SEPE desde su nombramiento y del que es su máxima responsable”.
Y, por eso, piden su dimisión.